Sentencias Judiciales de DD.HH.

Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile

Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile

Reseña:

El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Chile por denegación de justicia en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Ovanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal; derivada de la supuesta falta de investigación diligente de los hechos de tortura sufridos por las presuntas víctimas en el marco de la dictadura militar. Por otra parte, se alega que al rechazar los recursos de revisión* y reposición* interpuestos contra las condenas dictadas por tribunales militares en 1974, en el marco de un proceso que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura, el Estado chileno incumplió su obligación de ofrecer un recurso efectivo a las presuntas víctimas. - * Recurso de Revisión: recurso extraordinario, de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema, que se concede para invalidar sentencias que han sido ganadas injustamente en casos expresamente señalados por la ley. *Recurso de Reposición: medio que la ley le concede a las partes de un juicio con el objeto de pedir la modificación de una resolución judicial al mismo tribunal que la dictó.

Participantes:

Nombre demandantes / querellantes Maldonado Vargas, Omar Humberto
 
Yañez del Villar, Álvaro
 
Cornejo Barahona, Mario Antonio
 
Constanzo Merino, Belarmino
 
López Ovanedel, Manuel Osvaldo
 
Galaz Guzmán, Ernesto Augusto
 
González Rifo, Mario
 
Donoso Parra, Jaime
 
Bustamante Rojas, Alberto Salustio
 
Lastra Saavedra, Gustavo Raúl
 
Adriazola Meza, Víctor Hugo
 
Rojas Ravanal, Ivar Onoldo
 
Nombre demandados / querellados Estado de Chile

Materias:

  • INTEGRIDAD PSIQUICA
  • INTEGRIDAD FISICA
  • SALUD
  • LIBERTAD DE PENSAMIENTO
  • LIBERTAD DE MOVIMIENTO
  • LIBERTAD PERSONAL
  • VIDA SIN VIOLENCIA

Descriptores Penales:

  • LESIONES CORPORALES
  • TORTURA

Tratados y Convenciones Aplicadas:

  • - Convención Americana sobre Derechos Humanos
  • - Convención contra la Tortura

Resumen de Hitos:

1. Presuntas víctimas son oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile.
Durante el régimen militar, los peticionarios fueron acusados de los delitos de sedición y traición a la patria.
2. 10 de septiembre 2001, varios de los condenados presentaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema, en los términos del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de que se declarara la nulidad del proceso.
3. Corte Suprema rechazó el recurso por razones formales.
4. Trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
5. Posiciones de las Partes.

Cronología:

- Primera Instancia

Fecha de inicio proceso 1974
Tribunal Tribunal Militar
Fecha Sentencia Primera Instancia 1974

- Segunda Instancia

Fecha Sentencia Segunda Instancia 1975
Rol / Rit Segunda Instancia No se tiene información

- Corte Suprema

Fecha de inicio proceso 2001-09-10
Jueces No se tiene información
Fecha Sentencia 2002-12-09
Rol / Rit No se tiene información

- Corte Interamericana de Derechos Humanos

Fecha de inicio proceso 2003-04-15
Fecha de declaración de Admisibilidad 2005-02-18
Fecha de admisión en CIDH 2005-03-09
Fecha de presentación a la Comisión 2014-06-03
Abogado Demandante Colombara, Ciro - Marelic, Branislav Rokov - Carter, Hunter T.
Abogado Demandado Utreras Díaz, Patricio - Troncoso Repetto, Claudio - Madariaga De la Barra, Jaime - Quintana Meléndez, Rodrigo - Cortés Monroy Rojas, Jaime - Benev Ode, Boriana - Contreras Reyes, Beatriz
Jueces Sierra Porto, Humberto Antonio (Presidente)Ventura Robles, Manuel E. (Juez)García Sayán, Diego (Juez)Pérez Pérez, Alberto (Juez)Ferrer Mac-Gregor Poisot, Eduardo (Juez)
Fecha Sentencia CIDH 2015-09-02

Resumen del Caso:

15 de abril 2003:

Dos organizaciones de derechos humanos:

a) Corporación de Promoción de Defensa de los Derechos del Pueblo (“CODEPU”), con sede en Chile y representada por su Presidente, Paz Rojas Baeza, y los abogados María Alejandra Arriaza Donoso y Hugo Humberto Gutiérrez Gálvez.

b) Federación Internacional de Ligas de Derechos Humanos (“FIDH”), con sede en Francia.

- Presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , en nombre de sus representados, doce miembros de la Fuerza Aérea de Chile que fueron juzgados y declarados culpables por un tribunal militar en Chile tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973, quienes promovieron ante la Corte Suprema de Chile la anulación de los respectivos procesos en septiembre de 2001.

- El aspecto medular de su denuncia consiste en la alegación de que fueron víctimas de denegación de justicia en virtud de la sentencia de la Corte Suprema.

- Las doce personas representadas por los abogados y organizaciones arriba mencionados son:

1) Omar Humberto Maldonado Vargas;
2) Álvaro Yañez del Villar;
3) Mario Antonio Cornejo Barahona;
4) Belarmino Constanzo Merino;
5) Manuel Osvaldo López Ovanedel;
6) Ernesto Augusto Galaz Guzmán;
7) Mario González Rifo;
8) Jaime Donoso Parra;
9) Alberto Salustio Bustamante Rojas;
10) Gustavo Raúl Lastra Saavedra;
11) Víctor Hugo Adriazola Meza, y
12) Ivar Onoldo Rojas Ravanal

- En su petición invocan la responsabilidad internacional de la República de Chile (en lo sucesivo, “el Estado” o “el Estado chileno”), debido a que la Corte Suprema de ese país es un órgano del Estado.

- Los peticionarios alegan que el hecho de que dicho tribunal no haya accedido a revisar la sentencia adoptada por las Cortes Marciales militares constituye una violación de sus derechos, según lo previsto en los artículos 1(1), 2, 8(1), 8(2)(h), 9, 11(1), 24, 25 y 27(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo, “la Convención Americana” o “la Convención”) dadas las obligaciones asumidas por el Estado en relación con el artículo 1(1) de ese instrumento.

2. Presuntas víctimas son oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile.

- Durante el régimen militar, los peticionarios fueron acusados de los delitos de sedición y traición a la patria.

- Los acusados fueron sometidos al Consejo de Guerra --tribunal militar encargado de juzgar ciertos delitos en tiempos de Guerra-- y se abrieron dos procesos.

- En 1974 y 1975 se dictaron sendas sentencias condenando a los acusados.

- Comandante en Jefe de la rama castrense confirmó las condenas pero redujo las penas de muerte a prisión perpetua.

- Finalmente las sentencias quedaron firmes.


3. 10 de septiembre 2001:

- Varios de los condenados presentaron un recurso de revisión ante la Corte Suprema, en los términos del artículo 657 del Código de Procedimiento Penal, con el objeto de que se declarara la nulidad del proceso.

- Alegaron fundamentalmente que con posterioridad a la sentencia firme, se habían descubierto hechos nuevos que demostraban que el proceso había estado viciado por graves irregularidades, tales como confesiones extraídas bajo tortura y aplicación retroactiva de la ley penal.

- A tales efectos presentaron pruebas que incluían, entre otras:

a) Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación;

b) Documentos desclasificados de la Central Intelligence Agency (CIA) de los Estados Unidos.

c) Sentencia judicial de la cual surgía que varios de los oficiales que tuvieron directa relación con la detención de los peticionarios formaban parte de una asociación ilícita, llamada “Comando Conjunto”, que desarrollaba un accionar represivo durante los años de la dictadura militar.


4. La Corte Suprema rechazó el recurso por razones formales.

- Para así decidir, sostuvo que, según el Código de Justicia Militar y la Constitución Política, las sentencias dictadas por tribunales militares, en tiempos de Guerra, eran irrevisables y, por tanto, esa Corte no era competente para conocer en el recurso.

- Contra esa decisión, los peticionarios interpusieron un recurso de revisión que fue rechazado el 9 de diciembre de 2002.

- Estado respondió a la solicitud de la Comisión de que formulara observaciones sobre la admisibilidad de esta petición por nota fechada el 18 de febrero de 2005, en que solicitó a la Comisión que declarara inadmisible la petición porque se refería a hechos ocurridos antes del 11 de marzo de 1990.

- Comisión analiza la información presentada conforme a lo dispuesto en la Convención Americana y concluye que la petición cumple los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 46 de la Convención.

- En consecuencia, decide declarar admisible este caso, notificar esa decisión a las partes y proseguir el análisis de los méritos del caso en relación con las supuestas violaciones de los artículos 8(1), 8(2)(h), 9, 11(1), 24, 25 y 27(2) de la Convención Americana en relación con la violación, por parte del Estado, de las obligaciones que le impone el artículo 1(1) del mismo instrumento. Además, la Comisión decide publicar el presente informe en su Informe Anual.

II. TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. 25 de junio 2003:

- Comisión transmitió la denuncia referente al Sr. Omar Humberto Maldonado Vargas y otros al Gobierno de Chile, al que intimó a presentar su contestación dentro del plazo de dos meses.

- 15 de septiembre 2003:

- Tras la expiración de ese plazo, el Gobierno de Chile solicitó a la Comisión una prórroga por 30 días para contestar las alegaciones contenidas en la denuncia.

- 1º de diciembre 2003:

- Comisión informó al Estado que había accedido a la prórroga de 30 días solicitada.

- 18 de febrero 2005:

- Gobierno de Chile respondió a la petición.



III. POSICIONES DE LAS PARTES



A. Posición de los peticionarios



- Peticionarios manifiestan que el 11 de septiembre de 1973, un golpe militar derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende Gossens, lo que dio lugar a una política de persecución contra los adherentes del gobierno depuesto, que afectó no sólo a civiles, sino también a miembros de las Fuerzas Armadas leales a la Constitución y a la Ley.

- En ese contexto de represión política el Gobierno de facto arrestó a las personas a las que se refiere este caso y los sometió a una Corte Marcial.

- Peticionarios sostienen que el gobierno de facto, mediante el Decreto Ley Nº 5 de 1973, establece el Estado de Sitio a todo el territorio nacional, asimilándolo al Estado de Guerra, en razón de lo cual, no sólo operan las facultades extraordinarias de todo estado de excepción constitucional, sino que entran a actuar los tribunales en tiempo de Guerra, cuyos procedimientos son asimilables a los de un juicio sumario.

- Denuncia original dio cuenta de reuniones de carácter político realizadas por civiles y personal de la Fuerza Aérea de Chile (“FACH”) en las oficinas del ex Vicepresidente del Banco, Carlos Lazo Frías. Como consecuencia de la denuncia, el Fiscal de Aviación, dedujo acusación en contra de los miembros de la FACH, sujetos de esta petición. Es así como, el 14 de septiembre de 1973 se convocó a Consejo de Guerra, con motivo de la denuncia formulada por el entonces Presidente del Banco del Estado de Chile, General de Brigada Aérea, Enrique González Battle, a la Fiscalía de Aviación, el proceso caratulado “Aviación/Bachelet y otros ROL 1-73”.

- Peticionarios sostienen que los oficiales y suboficiales constitucionalistas que se opusieron al golpe militar de Augusto Pinochet fueron acusados de sedición y traición a la patria.

- 30 de julio 1974:

- Se dictó sentencia en la primera parte y el 27 de enero de 1975, se dictó sentencia en la segunda parte del proceso.

- Sentencias contemplaban cinco penas de muerte, cadenas perpetuas y presidios en los más altos grados que reconoce la legislación chilena.

- Estas sentencias fueron elevadas al conocimiento del Comandante en Jefe de la rama castrense, el que con fecha 26 de septiembre de 1974 y 10 de abril de 1975, respectivamente, rebajó las penas de muerte a presidios perpetuos, la que, según los peticionarios, constituiría una penalidad excesiva.

- Los peticionarios señalaron que en los procesos penales en tiempo de Guerra, actúan como tribunal de segunda instancia oficiales en servicio activo, no letrados, que son a la vez comandantes en jefe de la zona teatro de operaciones.

- Asimismo observaron que, desde el punto de vista formal, el proceso recurrido ante la Corte Suprema, se dividió en dos partes, cada una de ella con distintos inculpados y diferentes integrantes de los respectivos Consejos de Guerra aún cuando formaron una misma causa.

- Se libraron sentencias condenatorias en contra de todos los acusados, a excepción del General de Brigada Aérea Alberto Bachelet M., debido a su fallecimiento en el curso del proceso como consecuencia de los tormentos padecidos.


- 10 de septiembre 2001:

- Reinstalado un gobierno constitucional, los oficiales y suboficiales interpusieron un recurso de revisión ante la Corte Suprema chilena, haciendo uso de un recurso extraordinario de nulidad que permite excepcionalmente modificar sentencias firmes y ejecutoriadas cuando surgen hechos nuevos que comprueban manifiestamente su carácter erróneo o nulo, o de inocencia del condenado.

- Una declaración de nulidad implicaría también eliminar los efectos accesorios a la condena y reivindicar el buen nombre, así como el de los fallecidos encausados y condenados en este proceso.



- El artículo 657 del Código de Procedimiento Penal chileno señala:

La Corte Suprema podrá rever extraordinariamente las sentencias firmes en que se haya condenado a alguien por un crimen o simple delito, para anularlas, en los casos siguientes:

Nº 4. Cuando, con posterioridad a la sentencia condenatoria ocurrieren o se descubriere algún hecho o apareciere algún documento, desconocido durante el proceso, que sean de tal naturaleza, que basten para establecer la inocencia del condenado.



- Peticionarios basan su solicitud de anulación de las sentencias de las Cortes Marciales arriba mencionadas en hechos nuevos que salieron a luz tras el dictado de las sentencias.

- Específicamente, en los años 2000 y 2001, el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago y el Ministro de Fuero, Juan Guzmán Tapia, se substancian las causas 12.806 MV y 2122-98, respectivamente, donde se ha demostrado que un grupo de oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea de Chile, devino en comando paramilitar, jurídicamente en asociación ilícita, que fraguó un proceso judicial contra los comparecientes en la presente denuncia utilizando su doble calidad de agentes de inteligencia y parte del aparato judicial en tiempo de Guerra, amen miembros de esta asociación ilícita.

- Este proceso judicial fraguado tenía los siguientes vicios:

1) Confesiones extraídas bajo tortura.
2) Infracciones graves al derecho probatorio y al debido proceso.
3) Ausencia de jurisdicción o competencia del tribunal.
4) Aplicación retroactiva de la ley penal
5) Tipicidad aberrante.

- El material allegado no bastaba para sostener una sentencia condenatoria y desde esta perspectiva renacía la presunción de inocencia consignada en el artículo 11 de la Constitución chilena de 1925.

- Peticionarios basaron su solicitud de anulación de la sentencia de la Corte Marcial en las pruebas siguientes:

1) Resolución dictada por el Noveno Juzgado del Crimen de Santiago que reconocía la existencia de una asociación ilícita.

2) Declaraciones de Andrés Valenzuela, el ex agente quien participaba de esta Asociación ilícita.

3) Documentos desclasificados de la CIA que observan las graves irregularidades procesales en los procesos.

4) Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig)- todo el Capítulo III, Segunda Parte del Tomo I está dedicado a los Consejos de Guerra, observando sus palmarias irregularidades.

5) Testimonios de sobrevivientes de la Academia de Guerra Aérea se desprende que la Fiscalía de Aviación y el Consejo de Guerra operaban en el marco del funcionamiento de la Academia de Guerra de la FACH como centro clandestino de detención y torturas. Por tanto, en el mismo lugar de detención y tortura operaba la Fiscalía de Aviación que provocaba que los acusadores fueran juez y parte en las denuncias contra los detenidos.

6) Querellas presentadas sobre hechos perpetrados por esta asociación ilícita, y sus investigaciones en la secuela de los juicios incoados a propósito de estas denuncias.

- Ante la solicitud de revisión formulada, y sin entrar a conocer el fondo del asunto, la Corte Suprema, con fecha 2 de septiembre de 2002, se inhibió de revisar las sentencias.

- Peticionarios alegan que era “evidente” que la prohibición de entrar a conocer sentencias dictadas por tribunales militares en tiempo de Guerra duraba sólo mientras existiera dicho estado de excepción, y que, extinguido dicho estado de excepción, renacía la plena competencia de la Corte para conocer de los fallos de la Justicia Militar.

Esta resolución fue impugnada por vía de recurso de reposición, la cual también fue rechazada por la Corte Suprema.

- Peticionarios sostuvieron que las sentencias de la Corte Suprema violaron sus derechos al debido proceso (artículo 8) y a las garantías judiciales (artículo 25) protegidos por la Convención Americana.

- También manifiestan que el Estado violó el principio de no discriminación protegido por los artículos 1(1) y 24 de la Convención, leído en conjunción con las garantías del debido proceso del artículo 8, que deben ejercerse “en plena igualdad”, porque la Corte Suprema discriminó contra ellos como clase de personas a las que se privó del amparo de la tutela jurisdiccional sin que exista una razón de peso que la justifique.

- Además alegan que se violaron sus derechos al debido proceso y a recursos efectivos, previstos en los artículos 8 y 25(1), así como su derecho a apelar su sentencia ante un tribunal superior (artículo 8(2)(h)). Los peticionarios aducen asimismo la violación de su derecho al honor (artículo 11), ya que esas sentencias condenatorias los convirtieron en delincuentes, con todo el estigma que esa clasificación implica.

- Por último, los peticionarios alegan la violación de los artículos 9 y 27(2), en relación con estados de emergencia, sosteniendo que el Estado no está autorizado a suspender las garantías judiciales indispensables para la protección de derechos.

- El artículo 9 establece los principios de legalidad y prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes que, según sostienen los peticionarios, se violaron en las actuaciones de que se trata.



B. Posición del Estado



- Estado contestó la petición cuando ya había vencido el plazo señalado.

- En su respuesta, el Estado manifestó que proporcionaba información referente a una denuncia referente a hechos ocurridos durante el régimen militar que estuvo en el Poder en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

- Estado señaló que el restablecimiento de la forma democrática de gobierno fue la iniciación de un largo y arduo proceso de actualización y adaptación de sus conductas y sus normas internas a las normas internacionales del ámbito de los derechos humanos.

- El hecho más importante en ese proceso fue la aprobación de la reforma del artículo 5 de la Constitución, que implicó un reconocimiento general de los tratados internacionales aprobados en esa esfera.

- Las fuerzas políticas de Chile estuvieron contestes en que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

- Los órganos del Estado están obligados a respetar y promover esos derechos, garantizados por la Constitución y también por tratados internacionales de los que Chile es parte y que están en vigor.



- Una vez instalado en el Poder el nuevo Gobierno, el nuevo Parlamento aprobó y luego ratificó una serie de tratados en materia de derechos humanos.

- En especial aprobó por unanimidad la Convención Americana sobre Derechos Humanos y depositó el respectivo instrumento de ratificación el 21 de agosto de 1990.

- Gobierno de Chile depositó su instrumento de ratificación en la OEA con sujeción a las siguientes declaraciones y reservas:

a) El Gobierno de Chile declara que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por tiempo indefinido y bajo condiciones de reciprocidad, para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de derechos humanos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos previstos en el artículo 45 de la mencionada Convención.

b) El Gobierno de Chile declara que reconoce como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de los casos relativos a la interpretación y aplicación de esta Convención de conformidad con lo que dispone su artículo 62.

- Al formular las mencionadas declaraciones, el Gobierno de Chile deja constancia que los reconocimientos de competencia que ha conferido se refieren a hechos posteriores a la fecha del depósito de este Instrumento de Ratificación o, en todo caso, a hechos cuyo principio de ejecución sea posterior al 11 de marzo de 1990. (Destaque en la respuesta del Estado) Igualmente el Gobierno de Chile, al conferir la competencia a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declara que estos órganos, al aplicar lo preceptuado en el párrafo segundo del artículo 21 de la Convención, no podrán pronunciarse acerca de las razones de utilidad pública o de interés social que se hayan tenido en consideración al privar de sus bienes a una persona.

- Chile señala que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados permite expresamente la ratificación de un tratado internacional con una reserva que sea congruente con el objeto y la finalidad del tratado.

- Chile sostiene que la reserva formulada emana de la convicción de los gobiernos democráticos de que es necesario resolver a nivel interno las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado reciente.

- En ese contexto, el Estado chileno llevó a cabo una serie de iniciativas, como la creación de la Comisión de Verdad y Reconciliación (“la Comisión Rettig”), la Ley Nº 19.123 sobre reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos, la Mesa de Diálogo y la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, recientemente creada.

- El Estado hizo hincapié en que no pretendía cuestionar la utilidad de la participación de la comunidad internacional en el manejo de esas situaciones, pero que estaba convencido de que el pueblo chileno y sus órganos democráticamente electos eran los apropiados para tratar de sanar las heridas dejadas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

En consecuencia, Chile solicitó a la Comisión que declara inadmisible la denuncia, así como otras trece a las que respondió simultáneamente, basándose en que se referían a “hechos anteriores a la fecha del depósito del Instrumento de Ratificación” y “cuyo principio de ejecución fue anterior al 11 de marzo de 1990”.

Decisión:

Estado de Cumplimiento No se tiene información
Reparación - No se encuentran alegadas ni acreditadas afectaciones patrimoniales en virtud de los hechos que generaron la responsabilidad internacional del Estado por las violaciones a derechos humanos declaradas en esta Sentencia. Por lo tanto, la Corte considera improcedente disponer medidas compensatorias por concepto de daños materiales.

Los representantes solicitaron se otorgue “una indemnización pecuniaria a todas las 12 víctimas - condenados por el proceso 1-73-de este caso, por el daño moral ocasionado por la falta de investigación, la negativa a proveer un recurso efectivo y el daño a su honra y a su reputación además, pidieron que se otorgue una indemnización pecuniaria a todos los familiares individualizados en este caso, por el daño moral ocasionado por la violación a los derechos humanos de las víctimas.

- Además, solicitaron que se otorgue una indemnización pecuniaria en equidad, “a todos los familiares individualizados en este caso, por el daño moral ocasionado por la violación a sus Derechos Humanos”.

- Sobre este punto, el Estado se refirió de manera detallada al Programa de Reparaciones de derechos humanos en Chile que fuera creado para reparar el daño de manera integral y que las víctimas de este caso serían beneficiarias del mismo.

- Al respecto, la Comisión señaló que el Estado había informado sobre reparaciones recibidas en el marco del Programa nacional de reparaciones por las torturas sufridas por las víctimas, sin embargo recordó que esas violaciones no constituyen el objeto del caso.

- Este Tribunal ha establecido que el daño material supone la “pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso.

- A su vez, ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño inmaterial y ha establecido que este “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia.

- En primer término, la Corte constata que efectivamente las víctimas del presente caso son beneficiarias del programa chileno de reparaciones para víctimas de tortura durante el período de la dictadura militar.

- Sin perjuicio de lo anterior, el Estado no se ha referido a reparaciones que incluyeran las violaciones a los derechos humanos que fueron declaradas por el Tribunal en este caso, a saber el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial. En consecuencia, no corresponde que la Corte tome en consideración el principio de subsidiariedad, como lo pretende el Estado, para determinar las reparaciones por las violaciones a los derechos humanos que fueron declaradas en esta Sentencia.

- Por otra parte, el Tribunal recuerda que según se ha indicado carece de competencia para conocer sobre los hechos de tortura que tuvieron lugar en el marco de la causa ROL 1-73 durante los años 1973 a 1975, motivo por el cual no le corresponde otorgar medidas de reparación relacionadas con los mismos.

REPARACION INMATERIAL:

- Tribunal nota que se ha podido concluir que el Estado es responsable por diversas violaciones a los derechos contenidos en la Convención Americana y en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en perjuicio de las doce víctimas que fueron reconocidas en esta Sentencia.

- De ese modo, la Corte declaró la responsabilidad del Estado de Chile por la violación a los derechos contenidos en el artículo 8.1 de la Convención en relación con 1.1 de la misma y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de los señores Ivar Onoldo Rojas Ravanal, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Álvaro Yáñez del Villar, y Omar Humberto Maldonado Vargas, por la demora excesiva para iniciar la investigación, después de más de 12 años de tener noticia de los hechos; por lo que han estado esperando que se haga justicia por los hechos de tortura durante cuatro décadas.

- Además, el Tribunal declaró la responsabilidad internacional del Estado por la vulneración del derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 2, por la falta de un recurso efectivo para la revisión de las sentencias de condena con respecto a esas mismas personas.

- En consecuencia esta Corte considera pertinente fijar, en equidad, la suma de US$ 30.000 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada una de las víctimas arriba mencionadas como forma de compensación por el daño inmaterial ocasionado.

- Con respecto a Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Oyanedel, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Mario Antonio Cornejo Barahona, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra y Víctor Hugo Adriazola Meza que fueron reconocidos como víctimas de una vulneración del derecho a la protección judicial contenido en el artículo 25 de la Convención en relación con el artículo 1.1 y del deber de adoptar de disposiciones de derecho interno contenido en el artículo 2 de la Convención, la Corte considera pertinente fijar, en equidad, la suma de US$ 25.000 (veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América) a cada uno de los mismos por concepto de compensación por el daño inmaterial ocasionado.

Bibliografía:

  1. - Sitio web jurisprudencia Corte Interamericana de Derechos Humanos www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia/jurisprudencia_reciente.cfm
  2. - Sitio web OEA (Organización de Estados Americanos) www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/042.asp
  3. - Sitio web Instituto Nacional de Derechos Humanos. www.indh.cl/corte-interamericana-de-justicia-revisara-caso-omar-humberto-maldonado-vargas-y-otros-vs-chile

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